+ Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA. Obispo de Palencia
Lo peor que le puede suceder a una sociedad, particular o mundial, es acostumbrarse a la falta de criterios morales o a la falta de ética, violencia, a las guerras, a la corrupción, a la mentira y tergiversación de la verdad, etc.
Estos días atrás un amigo me ha hecho llegar unos documentos sobre la persecución y atentados mortales contra sacerdotes y religiosos en Méjico, juntamente con las referencias de documentos episcopales que denuncian la situación social de violencia con la que se vive en aquel país. Y lo de esta nación hermana -la Nueva España se llamó en otro tiempo- podemos decirlo de lo que casi un fin de semana tras otro sucede en Nigeria y otros países donde se da una persecución anticristiana, y más exactamente anticatólica, calculada y programada. Por una parte, esta persecución habla muy bien de los cristianos de esos países, de su fe no fingida, sino probada por el fuego y la muerte, que sacude la conciencia de otras comunidades acomodadas, que podemos vivir la fe en Cristo sin pasión, sin convicción, sin garra.
El documento con la lista de los asesinados por defender la fe o los derechos humanos, particularmente de los indígenas, que me han hecho llegar sobre Méjico, me interpela profundamente. El último al que añadir a la lista es el P. Juan Morán, de la diócesis de Toluca, asesinado por defender a los indígenas mazahuas el pasado día 9 de junio de este año.
Esto me trae a la memoria un informe anual sobre la libertad religiosa en España correspondiente al año 2021, basado en datos proporcionados por la Iglesia Católica en España y recogido, la mayoría de ellos, en diversos medios de comunicación social. En el Registro de Entidades Religiosas correspondiente a la Iglesia Católica en España, que depende de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, constan 13.899 entidades religiosas inscritas, de las cuales 5.000 son asociaciones. Existe una comisión asesora de Libertad Religiosa que depende del citado Ministerio, y en la cual la Iglesia Católica tiene cuatro representantes.
Se ha atentado contra el derecho fundamental de libertad religiosa en los lugares de culto por robos de imágenes, de crucifijos, de sagrarios, campanas, dinero y otros objetos religiosos. Recuerdo que, durante la pandemia del Covid-19 se limitó la libertad religiosa, y así lo han reconocido autoridades judiciales, prohibiendo la asistencia de más de 25 personas a las celebraciones religiosas, y esto también en Castilla y León, por parte de las autoridades de la Junta, con el pretexto de evitar aglomeraciones e incluso presumiendo alguna autoridad de ser más católica que muchos obispos y sacerdotes. En Cantabria se llegó a limitar en algunos municipios la asistencia a 10 personas, cuando en los bares, colegios, etc., no había ninguna limitación, sino consejos. También se la limitado el ejercicio de la libertad religiosa en espacios públicos, como retirada de belenes, exigencia de retirada de símbolos religiosos, supresión de fiestas católicas, prohibición a los cargos públicos de participar en eventos religiosos, etc.
Y no digamos de los ataques al Papa Francisco, tildándole de hereje, de bocazas, de peronista, de comunista disfrazado, de encarnación del diablo, etc.; o acosos a algunos obispos y sacerdotes con pinturas, denuncias por oponerse al aborto o a la eutanasia; y cómo no recordar, incluso chistes, sobre el abuso de menores por parte de algún sacerdote, religiosos o profesores con “condenas de telediario”, sin escuchar las decisiones de la justicia, o sin restituir la fama cuando se han demostrado que esas acusaciones eran falsas, etc.
También podemos añadir, en materia de cementerios y enterramientos, diversas iniciativas de retirar o prohibir símbolos religiosos católicos. Y podemos añadir las dificultades para poder ejercer la libertad religiosa en el ámbito educativo, con restricción de horas de clase, reconocimiento de los profesores de religión, boicot o prohibición de que se canten villancicos en Navidad o poner belenes. En el ámbito sanitario también se dan, en ocasiones forzando la libertad de conciencia, o dificultando que católicos formen parte de los Comités de Ética, o la no información a los pacientes en los hospitales de la existencia de servicio de Asistencia Religiosa Católica. Y no digamos de las profanaciones de la Eucaristía, con robos de las formas consagradas, o con pinturas, imágenes y lenguaje soez, intimidando a las personas con sentimientos religiosos. Y no digamos de tildar a la Iglesia de ladrona por las inmatriculaciones de sus propiedades.
¿Qué hacer? Por parte de las autoridades, proteger los derechos de libertad religiosa de todos los ciudadanos como se recoge en la Constitución. Por parte de los creyentes, denuncia de las injusticias, y defensa de los derechos como Jesús hizo en su pasión cuando uno de los guardias le pega: «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?» (Jn 18, 23). Y, por descontado, siempre el perdón, como lo hizo Jesús en la Cruz: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34), San Esteban, el protomártir, (Hech 7, 60) y todos los demás mártires de la historia, también reciente. Y como lo pedimos en la oración del Padre Nuestro: «Perdona nuestras ofensas os como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6, 12; Lc 11, 4).